La desigualdad, un tema del Estado. ¿ Y ese 1%?

Fernando Larraín
Diario La Tercera.

El protagonismo que ha adquirido en los últimos días el tema de la desigualdad, además de coincidir con el período electoral, coincide con ciertos factores económicos y sociales que permiten que se le dé la atención que hasta ahora se le había negado.

Sin embargo, el problema de la desigualdad –tanto de ingresos como de oportunidades- ha sido tratado de forma unilateral, porque los discursos públicos dejan entrever como único responsable al Estado (no sólo a quienes gobiernan, sino que al aparato estatal como organización).
Para el imaginario colectivo, entonces, la desigualdad es un tema que debe resolver el Estado, lo cual es una simplificación que constituye un gran error: la sociedad civil también tiene un importante rol que cumplir.

Respecto a la desigualdad de oportunidades, hemos avanzado bastante. De acuerdo a las cifras del Censo 2002, en 10 años se ampliaron significativamente las oportunidades en términos de cobertura educacional, acceso a salud y vivienda.
Pero aún nos quedan, como país, grandes desafíos en esta materia.

Es ahí donde las políticas públicas tienen mucho que aportar: una reforma previsional que fortalezca el pilar I; un mejoramiento en la calidad de la educación y ampliación de la cobertura preescolar; una reforma tributaria que busque mantener la neutralidad del sistema actual y lo simplifique, para disminuir la evasión y la elusión. El desafío es grande y de largo plazo, y en esta dirección deben apuntar las políticas públicas de los próximos años.

Sin embargo, los resultados de las políticas públicas no llegan a toda la población, ya sea porque las políticas sociales son limitadas, dada la carga tributaria del país, o porque estas políticas se construyen pensando en los más pobres. Es por ello que, para la mayoría de los chilenos, el acceso a la igualdad de oportunidades está relacionado principalmente con el ingreso que tengan las familias. Cobra sentido, en este modelo, la preocupación por la distribución de los ingresos.
Hay consenso respecto de que la actual distribución del ingreso es mala: eso nadie lo discute. En el contexto internacional somos una de las diez peores naciones en términos de igualdad de ingresos.
Contra la creencia masiva de que la mala distribución de ingresos se da en la mayoría de los niveles de ingreso, este es un fenómeno que nace en el percentil más rico de la población. La diferencia de ingresos en este percentil es cercana a $40.000.000, mientras que la diferencia en el percentil 90 es de sólo $26.000. Ello demuestra que los datos de distribución de ingresos se encuentran determinantemente sesgados por lo que ocurre en el 1% más rico de la población.

No podemos, entonces, hablar de la desigualdad a nivel país. Menos sabiendo que los sueldos crecieron sólo un 1,8% real el 2004, mientras las ganancias de las empresas -y por lo tanto de sus dueños-, bordearon al 40% en el mismo período. Dado lo anterior suena irrisorio pedirles a los trabajadores que redistribuyan mientras las empresas y sus dueños no lo hacen.
Por lo mismo, nuestro “primer mejor” es que todos nos hagamos responsables de la desigualdad, sabiendo que el compromiso de ese 1% es fundamental para avanzar hacia una mayor equidad de los ingresos y, por ende, en la generación de oportunidades.

Sabemos que estos cambios toman tiempo, pero ello no implica que debamos conformarnos con meros discursos y demagogias. Tenemos que comenzar a construir las bases para una sociedad más equitativa y más solidaria, menos individualista y más integrada. Por lo mismo, no podemos esperar que las políticas públicas se encarguen de todo.
Hoy más que nunca necesitamos de un acuerdo social tripartito entre trabajadores, empresarios y Gobierno y, en el fondo, éste depende de las ganas de avanzar que tenga ese 1% más rico de la población. No se debe discriminar a trabajadores no calificados (con salarios inferiores a su productividad), hay que avanzar hacia una mayor flexibilidad pero no hacia una mayor informalidad. Hay que incorporar componentes de variabilidad en el empleo, tener sistemas de turno y salarios participativos, buscar un mejor diseño de las indemnizaciones por años de servicio y eliminar la desigualdad de género.

Atacar los factores que ocasionan una distribución desigual, ya sea de las oportunidades o de los ingresos, es una tarea que exige consenso social. Conlleva esfuerzos y sacrificios, y requiere de convicción y responsabilidad. Sin embargo, es un desafío ineludible para construir un país más cohesionado; después de todo, equidad y gobernabilidad son condiciones de primer orden en la economía.


Fernando Larraín.